JUAN MANUEL GALAN SENADOR

 

 
 

   

                      

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN SI Y SOLO SI CON REPARACIÓN

 

Esta semana aprobamos en Primer Debate de las Comisiones Primeras Conjuntas –de Senado y Cámara- el Proyecto de Ley de Orden Público. Este proyecto modifica la Ley 418 de 1997 de justicia y paz para la dejación de armas, el tránsito a la legalidad y reincorporación a  la vida civil de los miembros de las FARC.

 

Esta iniciativa busca revivir la autorización que tenía el ejecutivo, para determinar las zonas específicas de ubicación temporal y suspender las órdenes de captura vigentes proferidas contra los miembros del grupo armado organizado. También, será necesario acreditar la calidad de miembro del grupo armado, mediante una lista suscrita por los voceros o representantes, la cual, será recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz de buena fe.

 

En el transcurso de este debate, presenté ante las Comisiones Conjuntas una constancia para que las verificaciones del Alto Comisionado para la Paz sean ampliadas a Entidades del Estado Colombiano que cuentan con información relevante, como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Agencias de Inteligencia del Estado Colombiano.

 

Sin embargo, la opinión pública percibe este proyecto como un renacimiento de la antigua y fallida zona de distensión del Caguán. Zona que en vez de desarrollar actividades para velar por el bienestar y desarrollo de los habitantes, generó un detrimento de los aspectos políticos, económicos y sociales de la región.

 

Por lo tanto, en aras de evitar un “déjà vu”, las instituciones colombianas, los países verificadores y la ONU, deben estar presentes con el fin de prevenir la manipulación, las presiones a la población por parte de la guerrilla y todo aquello que permita recordar las épocas amargas de San Vicente del Caguán.

 

 

Estas zonas de concentración vigiladas de manera efectiva, serán claves para garantizar la paz en el Estado Social de Derecho Colombiano, porque permitirán que las FARC realicen actividades de reparación integral prioritarias para las víctimas. Me refiero a que esas zonas sean el espacio para la verdad, la justicia y las garantías de no repetición que tanto anhelamos.

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EL INTERÉS PUBLICO ESTÁ EN EL AGUA

 

Los últimos meses han producido tres noticias que generan alerta e incertidumbre. Sin embargo, no se ha conectado la causalidad que hay entre ellas. Me refiero a las alarmas sobre el fenómeno del niño con las que comenzó el 2016, la tragedia de las víctimas en las comunidades Wayúu por la falta de agua en la Guajira y, el reciente fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la actividad minera en los páramos de Colombia.

 

Las tres, se conectan en una situación de crisis que ha sido provocada por el silencio del Gobierno Nacional frente a la  apropiación invasiva de nuestros recursos naturales. Este desbalance entre protección del medio ambiente y ganancia financiera, necesita un cambio. Recordemos que el nuevo año comenzó con alarmas sobre el largo periodo de sequía que afecta al país.

 

Esta situación tocó de manera especial a los indígenas Wayúu,  que sufrieron la muerte de personas y animales por la falta de agua en la región y por las altas temperaturas que vive el departamento. En concreto, nada se habría hecho para mitigar la situación. Recientemente, el silencio se rompió  por un fallo de la Corte Constitucional que decidió tumbar la norma que permitía a las concesiones mineras en Colombia, operar en los páramos. La decisión de proteger estas zonas del país, constituye un primer avance en la resolución de la crisis.

 

Los páramos, aunque  solamente ocupan el 3 por ciento de nuestro territorio, proporcionan el 70 por ciento del agua que necesitamos los colombianos. Nuestros páramos constituyen el 50 por ciento de los existentes en el planeta. Así como son de importantes para cubrir las necesidades de vida humana, son frágiles y susceptibles al deterioro. Esto, principalmente por actividades extractivas mineras y de hidrocarburos, especialmente las criminales.

 

Sin embargo, nos siguen diciendo  que la sequía del país es consecuencia únicamente del  fenómeno del Niño y del cambio climático. Hay que reconocer las causas profundas que nos han llevado a esta situación: por ejemplo, permitir  la  contaminación sin límites y el despojo de nuestras  principales fuentes de agua, por parte de la minería criminal, la industria minera y de hidrocarburos. Es urgente una regulación estricta de nuestros recursos naturales bajo principios que no solo busquen la ganancia del sector extractivo,  sino que garanticen las necesidades concretas de agua y alimento de nuestros pueblos. A la Corte Constitucional debe seguirle una nueva política pública regulatoria. No más silencio.

 

 

DE LA MATA QUE MATA A LA MATA QUE CURA

 

El Senado de la República, aprobó el proyecto que regula el cannabis medicinal. Un proyecto que ha sido respaldado no solamente por una porción significativa de la opinión pública sino por la Academia Nacional de Medicina e incluso por representantes de la Iglesia en Colombia.

 

Se trata de un proyecto que busca permitir que los productos terapéuticos a base de cannabis, sean asequibles a todos los colombianos en condiciones de igualdad. Que se garanticen las condiciones de higiene y seguridad en los procesos de fabricación, comercialización y utilización de estos medicamentos. Que los nuevos productos  respondan a los estándares de calidad aceptados por la comunidad científica y finalmente, que controlemos el mercado para que el precio no sea un obstáculo para los pacientes de enfermedades crónicas y terminales, que quieran acceder a ellos como tratamiento.

 

Más allá de la desinformación que algunos han pretendido ronde este proyecto, lo único que se quiere garantizar es el acceso a un medicamento seguro, de alta calidad y que permita aliviar una situación de dolor para más de un millón de pacientes en Colombia.

 

Para lograr este propósito, el proyecto define una arquitectura institucional muy sencilla: el Ministerio de Salud, le dirá a los médicos como usar el cannabis  y a las universidades, como hacer investigación y promover el uso científico para fines exclusivamente médicos. El Ministerio de Justicia,  otorgará las licencias para producir o transformar el cannabis medicinal.

 

Este, no actuará solo; se apoyará en el  Instituto Colombiano Agropecuario-ICA para verificar el cumplimiento de los requisitos de los solicitantes y en el  Ministerio de Defensa, quien por intermedio de las fuerzas militares y la  Policía Nacional, llevará a cabo las actividades de inspección y vigilancia que sean necesarias.

 

Para terminar, debemos hacer una precisión. Aunque este proyecto de ley no creará ningún impuesto nuevo para el colombiano, si garantizará los recursos necesarios para las actividades de prevención y atención a los efectos no deseados de esta regulación; es decir,  para atender programas de prevención del consumo en menores y de atención a la adicción de consumidores problemáticos.

 

Estos recursos, serán recaudados a través de la solicitud de licencias de producción de medicamentos y del cobro de tarifas y contribuciones. En otras palabras, quien esté interesado en lucrarse, pagará de su bolsillo, los daños o las afectaciones que se puedan generar. Creo que no hay una forma más sencilla de presentarlo. 



 

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CANNABIS MEDICINAL, EVIDENCIA CIENTÍFICA E INSTITUCIONALIDAD

 

El  proyecto de ley que busca regular la producción de cannabis medicinal en Colombia, tiene opositores. El Centro Democrático es uno de ellos. Su argumento es la carencia de evidencia científica que permita al Congreso de la República decidir sobre el uso medicinal del cannabis. Este alegato,  ignora de tajo la institucionalidad colombiana facultada para garantizar la seguridad y la eficacia de medicamentos en el país, y atribuye a los congresistas facultades para las que ni fuimos elegidos, ni estamos capacitados. Me refiero a la evaluación de la evidencia científica que respalda un nuevo medicamento.

En Colombia, es la Comisión Revisora del INVIMA, la que define si hay o no evidencia científica suficiente para un nuevo medicamento. Son ellos los que por su perfil y entrenamiento, deben garantizar a todos los colombianos la calidad de los medicamentos que pueden encontrarse en el mercado.

 

Pregunto al Centro Democrático si considera que los miembros de su bancada tienen una preparación más específica o precisa, para decidir sobre la seguridad y eficacia de un medicamento? Esto, teniendo en cuenta que en ninguna parte del mundo se abordan este tipo de discusiones a través de partidos políticos o de algún parlamento pues aquellas, son cuestiones que se delegan a las agencias sanitarias creadas por Ley.

 

Un ejemplo lo refiere la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) sobre el Tapentadol;  un analgésico para el tratamiento del dolor, elaborado por Grünenthal.  En los documentos de la FDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), queda comprobada la efectividad y el riesgo de adicción. Por esa razón, en Colombia, aunque la Comisión Revisora  avaló el medicamento y el INVIMA otorgó registro sanitario, el Ministerio de Salud determinó que en virtud de su riesgo de abuso y de crear adicción debía clasificarse como medicamento de control especial, bajo estricta fiscalización del Fondo Nacional de Estupefacientes.

 

Este ejemplo me hace volver a mi pregunta inicial: ¿Acaso hay alguna justificación para que en el caso del cannabis se abandone la institucionalidad y normatividad del país en materia sanitaria, y se creen nuevos regímenes de fiscalización de usos médicos de las drogas?  No hay acaso sustancias muchos más riesgosas y adictivas que el cannabis que actualmente se comercializan en el país, sin la mitad de restricciones que esta tendría? Las preguntas quedan sujetas al debate, que esperamos dar esta semana.

 

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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA NUESTRAS VÍCTIMAS

 

La comunidad internacional ha jugado un papel importante en el establecimiento de los diálogos entre las partes en conflicto. Ahora, es necesario volver la mirada de los países amigos a las víctimas.

 

Indudablemente el apoyo de la cooperación internacional a la política de asistencia y reparación integral a las víctimas, es pieza clave para el proceso de construcción de una paz sostenible e inclusiva; por eso el Congreso de la República celebró  el  "PRIMER FORO DE COOPERACIÓN PARA LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ".

 

Este espacio, promovió el reconocimiento de la cooperación internacional como actor-fuente de conocimiento, experticia y recursos para el país. También resaltó al Gobierno Nacional como ejecutor de esa experiencia y socio encargado de orientar los esfuerzos hacia las prioridades nacionales; y del Congreso de la República, como actor garante de que esos roles se traduzcan en la materialización de la paz territorial.

 

La coyuntura que rodea nuestro proceso de paz, lo hace particular: Mientras se suceden las conversaciones, el conflicto armado subsiste generando un aumento en la población víctima. Además, persisten brechas territoriales y poblacionales en desarrollo.  La institucionalidad local y departamental es frágil para asumir los retos que trae el posconflicto.

 

Por todas estas razones, el Congreso de la República, a través de la  Comisión de Seguimiento a Ley de Víctimas, decidió supervisar la aplicación de esta Ley, con el fin de contribuir para que las acciones del Gobierno y los entes cooperantes, respondan de manera efectiva al reconocimiento de los derechos de las víctimas.

 

Creemos que debe existir una  sincronía real entre el Estado y los cooperantes internacionales. Se deben mejorar los niveles de articulación y coordinación temática y operativa entre entidades nacionales y locales, y que el Congreso de la República, dentro de su nuevo rol de paz, promueva escenarios de diálogo y articulación en el territorio, para facilitar la llegada de la oferta pública a las zonas de más difícil acceso en el país.

 

El caso de Colombia es particular. No hay camino andado. Por eso, es necesario construir ese camino en conjunto con los cooperantes, aprovechar sus experiencias, alineándolas con las expectativas nacionales y  asegurar la voz de los débiles en este proceso: las víctimas.

 
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CÓDIGO DISCIPLINARIO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

  

Si lo que el nuevo Código Disciplinario busca es castigar el uso indebido de ciertas drogas, lo que debe sancionarse es su uso sin prescripción médica o el uso recreativo de estas sustancias. No la sustancia misma. Hace poco se debatió el proyecto del nuevo Código General Disciplinario.

 

 Este proyecto incluye sanciones para el funcionario público que consuma sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica en el sitio de trabajo o en lugares públicos. Al respecto, no solamente vemos con sorpresa que se sancione una conducta como el consumo en lugares públicos que en principio no está asociada a la jornada de trabajo, y que ha sido entendida como el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad; sino también, sorprende el mantener la idea de que son las sustancias y no sus usos indebidos, los que merece sanción y castigo de la ley.
 
 
 
Actualmente en el mercado y en la legislación colombiana existe una gran variedad de sustancias que aunque son catalogadas como drogas o estupefacientes, han sido prescritos por un profesional de la medicina para usos lícitos. Solo por citar algunos ejemplos, pensemos en un paciente que deba asistir a su lugar de trabajo bajo el efecto de una sustancia estupefaciente como la morfina debido a que su médico la ha prescrito como tratamiento para un diagnóstico de cálculos renales; o el caso de un médico que prescribe a un servidor público tranquilizantes para el manejo de problemas de sueño o de ansiedad; o un trabajador que deba consumir tabletas de fenobarbital para controlar sus convulsiones.
 
 
 

 

En todos estos casos, nos encontramos frente a sustancias que producen dependencia en el cuerpo humano pero que representan mayores beneficios que riesgos, en relación con la calidad de vida del paciente. Sin embargo, en el marco del nuevo Código Disciplinario, estos casos conllevarían sanciones como faltas graves o gravísimas para el trabajador.

 

 
 
 

 

No perdamos de vista lo esencial: NO SON las sustancias consideradas en sí mismas las que deban ser prohibidas o sancionadas por la ley, sino por el contrario, es el uso que a ellas se les dé, el que debe merecer la mirada del legislador. Una sustancia no por ser droga o estupefaciente se convierte en ilícita o prohibida, pues muchas de ellas son utilizadas por la ciencia médica. Son sus usos los que deben regularse a través de proyectos como el código disciplinario.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


 

 
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"LOS TIEMPOS PARA LA PAZ"

La aprobación del Acto legislativo para la paz, permitirá garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se realicen en la Habana. En otras palabras, el texto que aprobó en días pasados el Senado de la República crea el instrumento para un proceso legislativo ágil, efectivo y fiel a los principios constitucionales, que asegurará el desarrollo del acuerdo firmado.

Sabemos que el objetivo final de estar dialogando con las FARC por más de 3 años, no es lograr la firma de un acuerdo sino la construcción de una paz estable y duradera. Para eso, la firma del papel es solo el primer paso. Lo que queda, es construir confianza entre las partes para que se pongan en marcha los consensos logrados o lo que es lo mismo, atacar el mayor riesgo en un proceso de paz: el resurgimiento de la violencia por el incumplimiento de compromisos y la reapertura de negociaciones que se habían cerrado.

La tesis de que para asegurar la paz luego de la firma de un acuerdo, es necesario contar con un procedimiento ágil de reformas constitucionales y legales, no es nuevo. Esto, está ampliamente demostrado en experiencias internacionales que indican que la fase de implementación de los acuerdos es el componente más importante para lograr la estabilidad de la paz. 

En ese marco, encontramos por ejemplo el proceso en Bosnia. Durante el primer año de vigencia de los acuerdos, el Estado logró ejecutar el 72% del acuerdo de paz y en el segundo año realizó por completo las reformas constitucionales que eran necesarias.  El caso de Irlanda del Norte, también es un caso de éxito en la fase de práctica y consolidación de la paz pues durante el primer año se cumplió por completo el acuerdo y hoy día, este país es uno de los más avanzados en el proceso de implementación.

Es necesario resaltar que los ponentes de este proyecto, fuimos especialmente cuidadosos en la redacción del nuevo procedimiento legislativo y de las facultades extraordinarias para que aquellos se limitaran exclusivamente al desarrollo de los acuerdos de paz. Así, los organismos de control mantienen la posibilidad de intervenir para verificar el cumplimiento cabal de las facultades extraordinarias, y la Corte Constitucional  queda plenamente facultada para hacer el control constitucional de las leyes expedidas. La relación directa entre la capacidad de poner en práctica acuerdos y la estabilidad de la paz, está más que demostrada.  Ahora, el Congreso debe hacer su aporte a esa paz.

 

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"PARTIDOS: EL ESLABÓN PERDIDO DE LA DEMOCRACIA"

 

La jornada electoral finalizó y ya mucho se ha dicho sobre el nuevo mapa político, sus presuntos ganadores y perdedores. Sin embargo, en un análisis más histórico que coyuntural, más racional que emocional, es necesario reconocer que el gran perdedor de la jornada, siguen siendo los partidos políticos. Hace décadas sufren erosión como institución democrática, y se han convertido en meras maquinarias electorales que deben aliarse en coaliciones cada vez más incoherentes para mantener el poder.

 

Es representativa la oleada de inscripciones por firmas que se dio en las recientes elecciones; recordemos que 810 candidatos se inscribieron apoyados por firmas de los ciudadanos para participar por una curul en las elecciones de octubre. Esto, evidencia la incapacidad de interpretación en los partidos políticos. De hecho, la reciente encuesta de CIFRAS Y CONCEPTOS  de 2014 que entrevistó a 5.000 jóvenes entre 18 y 25 años, arrojó que el 41% de los encuestados no siente afinidad con ningún partido político; y la última encuesta de CULTURA POLÍTICA realizada por el DANE, encontró que el 37.7% de los entrevistados confiaba poco en los partidos políticos y el 27.3% no confiaba nada. Esto, sumado al hecho de que el 47,2% de la población entrevistada dice que nunca ha votado porque la política es corrupta y el 43,4% porque los candidatos prometen y no cumplen.

 

Así, elección tras elección uno ve un proceso de debilitamiento estructural de los partidos políticos. Esto, permanece como una constante histórica que nos obliga a preguntarnos qué podemos hacer para recuperar lo que Larry Diamond llama "el eslabón perdido de la democracia". Sigue en veremos un proceso de renovación, que traiga nuevas prácticas que recuperen el sentido ético en la política, con nuevos líderes así como crear una cultura de "uso de buen retiro" en la política colombiana por parte de algunos que en ocasiones taponan la necesaria renovación generacional. Deben surgir nuevas generaciones de jóvenes, con nuevas interpretaciones y formas de representar a sus electores, sintonizados con las causas sociales liberales modernas como la defensa de los derechos de los animales.

 

En conclusión, es necesario fortalecer los mecanismos de democracia interna y renovar los liderazgos públicos para así, lograr mayor sintonía con el electorado; ese electorado que se está sintiendo cada vez más ajeno a los intereses partidistas y cada vez más cercano a candidatos independientes que se presenten incluso como anti políticos.

 


 

 

 

 

 

LA VERDAD: EL CAMINO HACIA EL PERDÓN
 

A Colombia le ha costado mucha sangre construir Estado. Su institucionalidad se ha levantado a través de los años, sacrificando generaciones enteras y en medio de la violencia más cruda que podamos recordar.

 

Hoy, esa institucionalidad es lo suficientemente sólida para soportar el estado excepcionalísimo de un proceso de paz que nos va a permitir ponerle fin a un conflicto que lleva más de seis décadas y que ha dejado, muchos muertos en el camino. Entre ellos a mi padre. Digo esto como víctima, pero no en representación de mi familia, ni mucho menos de las más de siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en este país.

 

Yo, estaría dispuesto a renunciar a cualquier acción judicial contra los asesinos de mi padre, a cambio de conocer la verdad de lo que sucedió, las razones sobre por qué lo asesinaron y los detalles de la participación de  narcotraficantes del cartel de Medellín y Cali; de los paramilitares del Magdalena Medio; de políticos colombianos cómplices y coautores, incluso de los organismos de seguridad del Estado, DAS, Policía y Ejército quienes tuvieron participación en su muerte.

 

Estamos entrando en uno de los debates más importantes de este proceso de paz: la definición de justicia. Por eso, necesitamos preguntarnos cuál es el grado de justicia que estamos dispuestos a sacrificar para acometer la paz y luego, debemos ponernos de acuerdo como pueblo colombiano en esa definición. Llegarán algunos que solo entiendan la justicia como pena tras una prisión, otros buscarán castigos en forma de penas alternativas a la cárcel y otros más, apelarán a encontrar sanciones que incluyan aportes a la verdad, la reparación y a la garantía de no repetición.

 

Yo creo que las experiencias de procesos de paz en otros países, muestran nociones de justicia amplias como la justicia restaurativa. Esta, aunque es dolorosa para las víctimas porque las obliga a revivir la experiencia de dolor y de trauma que sufrieron en medio del conflicto, es liberadora porque permite alcanzar la reconciliación, que debe ser el propósito final de este proceso.

 

Busquemos la manera de resolver los problemas históricos de este país, más allá de esconderlos tras la puerta. Que un victimario esté tras una cárcel realmente no sana las heridas de una víctima, lo que en realidad las cura, es conocer y alcanzar la verdad, que tanto hemos esperado.

 
 
 
 
 
 
RECONOCER A LOS ANIMALES
 
 
 
 

 

Históricamente, la sociedad ha evolucionado hacia la modernidad y el reconocimiento de derechos. La conquista de esos derechos ha sido fruto de movimientos sociales que desafían el statu quo y se atreven a proponer cambios sociales. Esto, ya sea porque buscan la reivindicación de derechos para las minorías o el reconocimiento de garantías que nunca han tenido.

 

 
 
 

 

Así, encontramos por ejemplo que desde mediados de los años cincuenta la segregación racial en Estados Unidos se volvió intolerable, por las fuertes presiones que ejercieron grupos como el movimiento de los derechos civiles sobre el gobierno y la indignación del pueblo americano, frente al racismo y la segregación.

 

 
 
 

 

En el avance en la protección de los derechos de la mujer, los movimientos feministas también han sido motor de cambio social. Gracias a sus demandas, el  logro del derecho a la igualdad, al voto, al trabajo, entre otros, han sacado de la oscuridad la problemática de las mujeres.  También, han logrado posicionar sus demandas sociales como algo que va más allá de un problema de género, para convertirse en una pregunta por la definición que le damos al ser humano y por el lugar que este tiene en nuestra sociedad.

 

 
 
 
 
 
 

 

Los anteriores son claros ejemplos del impacto que la evolución cultural y tiene sobre las sensibilidades sociales. Ahora, somos testigos del trabajo que desde diferentes asociaciones de veterinarios, zootecnistas, animalistas y víctimas de maltrato animal, se viene realizando para lograr el reconocimiento de una nueva relación con estos seres vivos. Se trata de desarrollar una nueva sensibilidad que podría tener efectos directos en la relación que cada uno establezca con sus propios congéneres y que entendería a los animales como seres sintientes o emocionales, objeto de amor y cuidado, más allá de un bien o una propiedad dentro del ordenamiento jurídico.

 

 
 
 

 

 

 

 

Desde esta perspectiva, estamos avanzando en un nuevo proyecto de ley que busca actualizar los deberes, obligaciones y las sanciones que recaigan sobre el maltrato animal, creando  un nuevo tipo penal para difundir de manera solemne el respeto y el cuidado que merecen los animales. Somos conscientes que será un proceso cultural largo y dispendioso. Sin embargo, creemos que este nuevo cambio legislativo, se convierte en una herramienta más, para evitar la recurrencia de la violencia y el maltrato en el país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL INTERES NACIONAL
 

Mientras escribo esta columna, más de 8.300 colombianos han salido de Venezuela, incluyendo a más de 1.380 deportados de los cuales más de 200 son menores de edad. Esto es infame. La violación de los derechos humanos de nuestros compatriotas no es un asunto únicamente de Colombia. De la misma manera, que las muertes de los refugiados en el mar Mediterráneo no es un asunto únicamente de Siria, ni cosa de Afganistán, ni exclusivamente un tema de los europeos.

 

Se trata de un asunto que le compete a toda la comunidad internacional. Si olvidamos eso, en realidad estamos olvidando parte de nuestra humanidad. Martin Luther King dijo alguna vez: “La injusticia en cualquier lado constituye una amenaza para la justicia en todos lados. Estamos atrapados en una red inescapable de mutualidad, atados por una única prenda del destino. Lo que afecta a una persona directamente nos afecta a todos indirectamente."

 

Por eso, al margen de nuestras nacionalidades o nuestros lugares de origen, las violaciones sucesivas a los derechos de cualquier ser humano, deben ser un llamado a nuestra solidaridad y a nuestra humanidad. Por esta razón, hoy día en el marco del Derecho Internacional, la obligación de respetar los Derechos Humanos se constituye en una responsabilidad que tiene cada estado no solo con las víctimas directamente, ni siquiera con el Estado del cual ellas son nacionales, sino con la comunidad internacional en su conjunto.

 

Así Colombia debe ir sin demora, ante la organización internacional de vocación universal, las Naciones Unidas y en particular al Consejo de Derechos Humanos, para discutir y  analizar la situación de los colombianos de frontera. Es urgente que Colombia haga una presentación formal de lo ocurrido con nuestros connacionales, para que la comunidad internacional en todo su conjunto fije una posición frente a los hechos causados por el régimen de Maduro.

 

No es hora entonces de hacer llamados oportunistas a la renuncia de la Canciller, ni de responsabilizar de manera personal al Gobierno por el manejo de esta crisis. Por el contrario, es la hora de demostrar que podemos unirnos en torno a la defensa del interés nacional, que es la defensa de nuestros connacionales, que es la defensa de todos nosotros, juntos.


 

     
VÍCTIMAS DEL PRESUPUESTO

La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, ha dicho que no hay dinero para el cumplimiento de la ley. De manera más precisa, la comisión calcula que hay un faltante de 33,6 billones de pesos para garantizarle a las víctimas sus derechos de indemnización y vivienda y que los recursos destinados para la reparación integral, se han estancado en niveles cercanos al 2% del Presupuesto General de la Nación, desde hace 5 años. En respuesta, el Gobierno Nacional ha dicho que cuando se proyectó la ley 1448, en el 2011, había alrededor  de 4 millones de víctimas y hoy esta cifra alcanza 7,3 millones de personas. Sumado a esto, afirmó que al inicio de la implementación de la ley, sólo se permitían las indemnizaciones para afectados por hechos distintos al desplazamiento. Sin embargo, años después, a través de un fallo de la Corte Constitucional, se ordenó indemnizar también a todos aquellos que fueron expulsados de sus territorios, generando un costo adicional para su financiación.

Es necesario aclarar estas cifras y establecer cuál es el monto de las apropiaciones que está haciendo el Gobierno Nacional para cumplir con los objetivos de  la reparación a las víctimas. Esto, no solo por la urgencia de atender la violación de sus derechos, especialmente los de la  población desplazada, sino también,  porque desde el 2004 por estos hechos y la  insuficiencia de la respuesta del Estado Colombiano, la Corte Constitucional se vio obligada a declarar el Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. La situación, persiste.

Esta declaración le impone al Gobierno Nacional la obligación de materializar el goce de derechos de la población víctima de desplazamiento forzado a través de las apropiaciones presupuestales necesarias; so pena de sancionar el desacato de los funcionarios del alto gobierno al mandato judicial. En este marco, podría declararse la inconstitucionalidad del Plan Nacional de Desarrollo si se constata que no se han cumplido las órdenes dictadas en la sentencia T-025 y que el plan financiero que acompaña a la ley de víctimas no incluye los costos reales de las medidas en ella contenidas.

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SOLUCIÓN FINAL Y CONSUMO ADOLESCENTE

 Ni la solución final, ni campos de concentración para menores de edad que consumen sustancias psicoactivas. La Personería Distrital hace unos días, planteó la posibilidad de crear  instituciones educativas exclusivas para menores que tuvieran problemas de consumo y adicción. Algo así como un lugar de concentración únicamente para jóvenes y niños estigmatizados por consumir sustancias. Otros centros educativos, han decidido abordar esta situación expulsando a los estudiantes durante el periodo académico o impidiendo la renovación de su matrícula para el año siguiente.

 En cualquiera de los dos casos, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en favor del derecho a la educación, afirmando que medidas como las mencionadas solo pueden aplicarse al finalizar el año escolar y, siempre y cuando estén contempladas en el manual de convivencia. Además deben garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del menor. Así, ni campos de concentración en forma de centros especializados de educación, ni políticas escolares de persecución y segregación deben seguir caracterizando las estrategias "preventivas" en los planteles educativos.

 Ese tipo de medidas, aíslan  sistemáticamente a los muchachos de la sociedad y están dirigidas a cerrarles todo tipo de oportunidades como una forma de castigo, impidiendo cualquier posibilidad de recuperación. De nuevo es un tratamiento delincuencial para los consumidores, no como enfermos.

 En Colombia estamos en mora de abrir un debate franco y sincero sobre el consumo en menores de edad, sus causas, los factores que influyen en el consumo de sustancias y las responsabilidades compartidas entre padres, maestros, medios de comunicación y comunidad en la generación de hábitos de consumo, de estas sustancias. Es necesario abordar a fondo los hogares monoparentales, la falta de supervisión de los padres, relaciones de pareja conflictivas, ausencia de comunicación entre padres e hijos, baja capacidad para manejar la frustración, la soledad, o los problemas afectivos en nuestros adolescentes.

 También, hay que revisar en detalle como los medios de comunicación, las redes sociales, y el entorno barrial,  crean un clima de riesgo donde las sustancias pueden convertirse en una válvula de escape para evadir la realidad en la que están. La responsabilidad del problema, no es solo del consumidor. Por eso, estoy a favor de nuevas fórmulas que de manera integral aborden una política de prevención. Es necesario acabar con la represión y empezar a explorar la regulación de estas sustancias, como una manera efectiva de proteger a nuestra infancia y adolescencia.

 



 

CÓMO PREVENIR?

 

El Colegio Marco Fidel Suarez en Bogotá, está de luto y nosotros también. Veintiún menores de edad, que estudiaban en el plantel educativo al sur de la ciudad, sufrieron intoxicación masiva  por una sustancia  hecha a base del polvo de un extintor. Un estudiante falleció y los demás se encuentran bajo observación. Estos hechos prendieron las alarmas sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito escolar.

 

En Colombia, nuestros jóvenes están siendo presa de la calle y  la presión por consumir drogas sin acceder a herramientas efectivas de información y prevención, sobre consumo temprano.

 

Prevenir no es fácil, sin embargo, podemos empezar por revisar cómo se está construyendo el currículo de formación de nuestros docentes en la escuela primaria, básica y secundaria; cuál es el enfoque de abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito escolar, qué herramientas se están ofreciendo al maestro para el manejo con los padres de familia y con la comunidad.

 

En nuestro país, existe una tendencia natural  a mirar el sistema educativo como un arbolito de navidad al que se le van colgando constantemente bolitas y adornos, me refiero a casos como el de la cátedra de paz, de derechos humanos, de educación sexual, etc…sin proveer al maestro de la información necesaria para abordar esas tareas.  Es necesario que el maestro cuente con información clara y coherente, que aprenda a distinguir entre uso de drogas por única vez, el consumo ocasional atado a las fiestas y reuniones con amigos, el hábito que presenta cambios comportamentales observables,  y la verdadera adicción o dependencia que debe ser diagnosticada por un especialista.

 

Es necesario que las intervenciones de la escuela sean focalizadas de acuerdo con el contexto y con el estadio de desarrollo de cada menor y que se identifiquen cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo que padecen los jóvenes en cada salón de clase. Finalmente, y aquí entramos todos a apoyar a nuestros maestros, es necesario fortalecer las actitudes sociales de protección a los jóvenes  frente al consumo temprano de drogas; pues más allá de un programa efectivo de prevención, lo que necesitamos en Colombia,  es una extendida cultura de prevención.

 




 
 
 
 
 
 

JUSTICIA Y VERDAD PARA EL ESTADO? O PARA LAS VÍCTIMAS?

 

El ciclo 39 de los diálogos de paz acaba de terminar. Lo que está por venir es de grueso calibre en la mesa de negociación: la definición del concepto de verdad de justicia.

 

Sobre el primero, considero que es de la mayor importancia avanzar en el desarrollo de la comisión de la verdad, logrando que esta surja de un acuerdo político nacional, que nos permita a todos los colombianos participar en el ejercicio de reconstruir nuestro pasado, para poder simbólicamente reparar a las víctimas. Eso también es justicia.

 

Sobre el segundo, la pregunta que surge es ¿ Qué modelo de justicia transicional estamos  buscando, para que el proceso de paz pueda ser exitoso?. Queremos un modelo de justicia retributiva, es decir, enfocado exclusivamente en el castigo? O estamos abiertos a otros modelos como el de la justicia restaurativa?

 

La justicia restaurativa o justicia reparadora no es un concepto nuevo.  Por el contrario, aparece según algunos tratadistas, luego de la segunda guerra mundial ante la urgencia de reparar el sufrimiento ocasionado por el conflicto, más allá de castigar a sus responsables. En este marco, la víctima y el dolor provocado por el delito se convierte en el punto central del concepto de justicia. Así, este nuevo modelo busca más que sancionar la infracción a una norma jurídica, permitirle a la víctima expresar libremente su dolor,   contar de manera segura cual ha sido la consecuencia que ese delito ha tenido en su vida, y recibir respuestas no solo para transitar por su experiencia de víctima; sino para participar, en la decisión sobre cuál es la mejor manera de que el ofensor repare el daño causado.

 

La justicia restaurativa entonces, estimula el diálogo entre las víctimas y los victimarios y de acuerdo con experiencias previas, muestra altos índices de satisfacción y de reconstrucción de lazos comunitarios al reconocer que el grupo social, también se ve afectado por la acción delictiva.

 

El próximo 17 de agosto empezará el ciclo 40 de las negociaciones. Es importante no solamente darle viabilidad real a la comisión de la verdad como principal elemento del proceso de reconciliación nacional, sino también, abrirle espacio a la reflexión sobre nuevos modelos de justicia, que estén más dirigidos a atender las necesidades de las víctimas, que a sancionar la violación del sistema jurídico.



 
 
 
 
 
 
 
NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
 

Los tiempos cambian, las sociedades evolucionan,  los avances de la ciencia transforman nuestras interpretaciones y todo eso, tiene consecuencias en los actos de los seres humanos. El acto médico, no es ajeno a esos impactos. Por el contrario, debe evolucionar a la par del progreso de las sociedades en las que está inmerso y conservar los principios intemporales de su  juramento hipocrático. Desde 1981, año en el que se promulgó el actual código de ética médica, la ley presentaba fallas pues no reconocía el contexto del ejercicio de la medicina, y posteriormente,  le cerró las puertas a los avances científicos o a la aplicación de nuevas tecnologías dentro del ejercicio profesional.

 

Por esta razón, La Academia Nacional de Medicina convoco a las principales sociedades científicas del país para que a través de una especie de junta médica, se analizará la ley 23 de 1981 y se redactará una propuesta de reforma actualizada.  En este ejercicio de consulta, participaron asociaciones como el Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas,  el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y el Tribunal Nacional de Ética Médica.

 

Como resultado, esta semana radicamos ante el Congreso de la República el proyecto de ley del nuevo código de ética médica. Un documento, fruto de la reflexión de los médicos del país y de la necesidad de autorregularse, un texto que garantiza la actuación correcta en lo relacionado con la vida humana y define los principios fundamentales que deben regir el acto médico: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.

 

Así, este proyecto busca garantizarle al paciente un rol más participativo en la definición de su tratamiento y en su proceso de recuperación para superar esa condición de incapacitado que tradicionalmente ha tenido y convertirse en un sujeto activo. También,  sanciona toda conducta médica que atente contra la obligación moral de actuar en beneficio del paciente sin producirle daño y finalmente, le impone al Estado, el deber de  actuar con criterio justo hacia el logro de un servicio de salud de alta calidad que sea accesible para toda la población. Este nuevo código nos garantizará a nosotros, como pacientes, que el acto médico sea el fruto de una  reflexión consciente, inteligente, madura, adaptada a la realidad actual y no, el resultado de lógicas económicas perversas.




 

 

 

En esta  columna semanal del senador Galan , ofrece su casa a Santos y  Uribe

 
 
SENADOR URIBE: TIENE LA PALABRA
 

Parece que es más fácil lograr la paz en La Habana que entre las fuerzas políticas de Colombia. En el debate que se llevó a cabo en el Congreso de la República sobre el proceso de paz, los negociadores presentaron sus avances y la visión del Gobierno sobre el futuro de las negociaciones. También, hubo respuestas para quienes desde la oposición, se han encargado de difundir versiones falsas y mitos sobre los alcances de los diálogos de paz, en vez de jugar el papel serio y constructivo que este proceso demanda.

 

La paz solo será viable para los colombianos, en el momento en que se convierta en un propósito de Estado y no solo en un objetivo de gobierno. En otras palabras, el logro de la paz no puede ser simplemente el objetivo de una persona o de un grupo de funcionarios públicos; debe ser  un propósito de Estado que, como dijo el presidente Santos, nos convoque a todos a un sentimiento de unidad y a  recorrer ese camino, juntos.

 

En estos términos, quiero elevarle una pregunta al Senador Álvaro Uribe Vélez: No cree que para que los colombianos logremos la paz, necesitamos primero alcanzar la paz política? Es necesario hacerle un reconocimiento al Centro Democrático como la segunda fuerza política más importante del país, después de la que representa el Presidente en ejercicio. Pero también, es necesario hacer un llamado para que los dos representantes más importantes de esas fuerzas políticas, se sienten a dialogar y comiencen a construir un camino que les permita resolver sus diferencias a través de propuestas constructivas.

 

Es urgente consolidar un clima de paz política alrededor del proceso de paz. No hay que perder de vista la experiencia de países vecinos en donde por algo que comenzó como una pelea entre ex-presidentes en Venezuela, terminó fracturando profundamente su democracia a través de un gobierno que hoy día, ha perdido legitimidad y apoyo social. Me preocupa recorrer ese camino y que por una confrontación retórica, perdamos la oportunidad histórica de alcanzar la paz.

 
Ofrezco mi casa como sitio neutral, para un encuentro entre el Presidente Santos y el Senador Uribe. Al calor de un buen café, podrían conversar, revisar las propuestas sobre una zona de concentración de la guerrilla con verificación internacional y probablemente llegar a consensos, que sean de utilidad para el país y contribuyan a la paz como interés nacional.  




 
 
 
RENOVACIÓN AHORA MÁS QUE NUNCA
 

El Partido Liberal atraviesa  por una crisis prolongada, que se remonta al Frente Nacional, pero que se agravó en los 80 y 90 cuando algunos de sus miembros se aliaron con el narcotráfico, el paramilitarismo y hasta se vieron involucrados en el crimen de mi padre. Lo que ocurre hoy, es una consecuencia de esa erosión paulatina de la confianza y la credibilidad que no hemos podido recuperar y que se refleja en la pérdida de apoyo en las urnas.  La declaración de ilegalidad de sus estatutos por violar el  principio de la moralidad administrativa, el cuestionamiento de los avales entregados en regiones y la renuncia de importantes líderes; envían un mensaje de urgencia para actuar, y corregir el rumbo. Es necesario iniciar un proceso de depuración en nuestra política regional y nacional. Para eso, el liberalismo no puede caer en la escogencia de candidatos tipo franquicia, que solo buscan un aval cualquiera sin ningún compromiso ético ni de ideología. Las élites regionales tampoco pueden aislarse y evadir la responsabilidad de contribuir en la formación de la vocación de nuevas generaciones que entiendan la actividad política local como un servicio público esencial.

 

El reciente fallo del Consejo de Estado en el que se revocaron los estatutos de la colectividad, deslegitimó a la dirección del partido y generó una inseguridad jurídica que provoca divisiones en la escogencia de candidatos para las elecciones de octubre. En el fallo, se afirma que los estatutos se hicieron sin consultar y que las bases sociales y las minorías, no influyeron en las deliberaciones del partido. Sumado a esto, la dirección nacional colegiada toma decisiones como juez y parte. Siempre he defendido la jefatura única como institución para actuar de acuerdo al interés nacional del liberalismo, con plena independencia y responsabilidad política.

 

La renuncia de Alejandro Galvis Ramírez al Partido Liberal y sus cuestionamientos por la entrega del aval a la Gobernación de Santander no deben ser descalificados ni desatendidos. Todo lo contrario, merecen por lo menos ser analizados por todos los liberales, no solo por el altísimo valor que tiene Alejandro Galvis para el liberalismo santandereano y nacional sino por los ideales que ha representado Vanguardia, y con los que el Partido debe contar si quiere tener futuro.

 

Las repuestas entregadas por la dirección del partido, dejan un sinsabor en sus miembros y generan divisiones internas entre quienes creemos que el liberalismo debe liderar un proceso de transformación de las costumbres políticas y aquellos que solo buscan el poder como un fin para servirse y no como un instrumento de servicio. Es urgente refundar el Partido Liberal, reconciliándolo con el liberalismo que cada vez encuentra menos espacio en su Partido natural. La única fórmula para que los partidos cumplan su papel como institución en la democracia e interpreten la demanda ciudadana, es a través de la renovación en el sentido más amplio de la palabra.





 
 
 
 
PAX TERRITORIUM
 
 
 

 

Los diálogos de La Habana atraviesan uno de sus momentos más críticos. Sin embargo, aunque la paz se quiera firmar fuera del país, su construcción real depende de la capacidad que tengamos los colombianos de construir un Estado social de derecho, especialmente en aquellos territorios donde no existe. Lo que necesitamos aquí es una paz regional, no solamente un acuerdo con impacto en la región. 

 
 
 

 

Un paso importante en la construcción de ese Estado social de derecho, lo constituye la implementación de la ley 1448  de 2011, paradigma de ley de regiones, que concentra su eficacia y sus resultados en un  ejercicio de descentralización territorial en donde las autoridades locales deben cumplir con unos compromisos preestablecidos. 

 
 
 

 

Esta, es una de la razones por las que las elecciones regionales del próximo 25 de octubre, para elegir 32 Gobernadores, 1099 alcaldes y cientos de diputados y concejales, se convierten en un elemento clave para hablar de paz territorial e identificar quienes serán  los nuevos responsables de su creación. Serán los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, quienes  deberán por ejemplo, definir las asignaciones presupuestales necesarias para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, priorizar sus políticas sociales de acuerdo con el proceso de caracterización de la población que debieron adelantar los mandatarios salientes, incluir a grupos representativos de las víctimas  en el diseño de las medidas que garanticen el goce efectivo de sus derechos, implementar un enfoque diferenciado en las medidas de asistencia y garantizar la protección de quienes  hayan sufrido daños con ocasión del conflicto armado.

 
 
 

 

 

 

 

Estas son solo algunas de las obligaciones de los nuevos mandatarios, sin mencionar a fondo su papel protagónico en los próximos comités de justicia transicional, la comisión de la verdad y su obligación de rendir cuentas sobre los avances en su gestión. Elegir a la persona indicada para esta tarea, es el primer paso para la construcción de la paz regional pues al terminar su mandato, estaremos muy cerca del fin de la vigencia de la ley 1448. No olvidemos que las decisiones que tomen las próximas autoridades locales tendrán un impacto histórico, no solo en la reparación del daño causado por el conflicto sino en la construcción de una mejor región para cada colombiano.

 

 

 

 

  

 
 
RENDIR CUENTAS
 

La rendición de cuentas es una forma  responsable de hacer  política que debe ir más allá de la simple acción individual. En el caso del Congreso de la República, es necesario transcender este ejercicio y convertirlo en una obligación colectiva que permita responder  por el mandato ciudadano entregado y que muestre resultados de acuerdo con las expectativas de los electores. Así, podremos convertir la rendición de cuentas, en un espacio de interlocución con la gente que genere transparencia en los parlamentarios, confianza en el ejercicio público y herramientas de control social sobre los gobernantes.

 

Con este objetivo en mente, al finalizar la legislatura, les pedimos a los senadores de la Comisión Primera del Senado que públicamente entregaran un balance sobre la labor legislativa adelantada en el último año. Durante más de 5 horas, senadores de todos los partidos, presentaron sus proyectos de ley, los debates políticos que citaron y sus posturas frente a grandes discusiones como las de Plan Nacional de Desarrollo y Equilibrio de Poderes. En relación con nuestra gestión, durante el último periodo logramos la sanción de la Ley 1752 del 3 de junio de 2015 (ley Antidiscriminación), que tipifica como delito, la discriminación y el hostigamiento contra personas en condición de discapacidad; presentamos un proyecto que busca aliviar el dolor de personas con enfermedades crónicas o terminales a través del uso medicinal del cannabis y avanzamos en una discusión dirigida a permitir  el acceso seguro e informado a las propiedades terapéuticas de esta  planta. Adicionalmente, lideramos la presidencia  de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y realizamos siete (7) sesiones dirigidas a que el  Gobierno visibilice y atienda a las más de seis (6)  millones de víctimas del conflicto armado, a través de  leyes tan importantes como las de presupuesto, seguridad y Plan de Desarrollo. En este punto debo mencionar que por primera vez, abrimos el parlamento colombiano para darle voz a las víctimas que residen en el exterior.

 

Denuncias como las mencionadas, o aquellas relacionadas con la problemática de seguridad aérea, la contratación del Aeropuerto Eldorado, y  cuestionamientos  sobre el nuevo rol que asumirá la Fuerza Pública ante una eventual etapa de posconflicto, son  solo algunas de las iniciativas de este último periodo. Lo más importante es que este trabajo no habría sido posible sin el respaldo y el diálogo constante con ustedes los ciudadanos; nuestros jefes.

 

ADICCIÓN A LA PROHIBICIÓN

 

Esta semana se debatió en el Congreso el nuevo Código de Policía. Aunque el proyecto dice tener un carácter preventivo, vemos con preocupación que en materia de atención al consumo de drogas, la propuesta del proyecto parece ser más nociva que las drogas mismas, pues viola derechos humanos, carece de base científica y muestra pocas probabilidades de efectividad, en su implementación.

 

El primer gran error que presenta el proyecto de ley, es su objetivo: Lograr una comunidad libre de drogas. Esta idea, difundida desde los años 70s, desconoce no solamente que el hombre, desde el principio de los tiempos, ha consumido drogas para alterar sus estados de conciencia y que lo seguirá haciendo, sino que presenta como deseable, un objetivo que no es realista y que por el contrario sigue cediendo el control de las drogas a los criminales. Es necesario superar la falacia de un mundo libre de drogas y comenzar a enfocarnos en la reducción de los daños que trae consigo su abuso, así como prevenir las conductas nocivas que producen estas sustancias. En otras palabras, y citando al presidente Santos en la pasada Conferencia Internacional de Control de Drogas que se llevó a cabo en Cartagena: “Un mundo libre de drogas simplemente, y digámonos la verdad, no es un objetivo, ni una ambición realista”; por eso, es necesario superar la estrategia represiva y sancionadora. Entender al consumidor como un paciente que demanda atención integral por parte del sistema de salud estatal.

 

El problema del consumo no es menor, recordemos que el Ministerio de Salud en su última encuesta sobre sustancias psicoactivas encontró que la edad de inicio al consumo de sustancias como el alcohol se encuentra alrededor de los 12 años y de 14 años, para otras sustancias psicoactivas. Eso, sumado a que actualmente los indicadores de dependencia en materia de alcohol recaen sobre aproximadamente  4 millones de colombianos, de los cuales 1.100.000 son menores de edad y que adicionalmente, casi 500.000 presentan consumo problemático de drogas en el país.

 

Colombia necesita con urgencia implementar la ley 1566, que desde el 2011 declaró que el consumo de drogas es un tema de salud pública. En contravía con estos avances, el actual Código de Policía cree que la participación obligada en programas de convivencia y la imposición de multas en dinero, pueden prevenir o reducir los alarmantes niveles de consumo interno. El Código de Policía parece más de lo mismo; adicción a la prohibición.

 

NO MAS DISCRIMINACION

 

Históricamente la comunidad LGBTI (siglas que designan internacionalmente a hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e Intersexuales) ha sufrido tratos discriminatorios. El Congreso de la República no puede ser indiferente a esta realidad; por eso, esta semana radicamos una ponencia dirigida al reconocimiento de las garantías que la Constitución les ha dado. Nuestra tradición liberal y democrática en defensa de la igualdad de derechos y la libertad del ciudadano, nos impone una concepción que busque garantizar el bienestar de toda la población y mejorar su calidad de vida.

 

Como resultado de una discriminación que ha sido permanente, se han desencadenado mitos y falsos dilemas en torno a las parejas del mismo sexo que por ejemplo, consideran su orientación sexual como propia de seres patológicos o escatológicos o clasificarlos como ciudadanos de segunda categoría. Sin embargo, no hay evidencias que demuestren que la preferencia sexual es sinónimo de enfermedad o disminución de garantías constitucionales. Como respuesta a esto, la Corte Constitucional, reconoció la notable segregación entre unos ciudadanos y otros por su preferencia sexual. La Corte en su jurisprudencia exhortó al Congreso de la República a diseñar la debida regulación y protección de las personas que tienen una orientación diferente a la heterosexual. A pesar de ello, hasta la fecha, no se ha cumplido con lo estipulado, dejando un vacío jurídico y un campo de desprotección legal para esta comunidad.

 

Creemos que el Congreso de la República, no puede abandonar su función legislativa y por el contrario, debe avanzar en dar respuestas justas e inclusivas a los desafíos que las sociedades y los gobiernos enfrentan. Las políticas, leyes y programas de gobierno son la materialización de esas respuestas que deben estar dirigidas a mejorar el bienestar de los ciudadanos en lugar de disminuir o comprometer sus libertades.

 

 

Por todo esto, es importante iniciar un debate público sobre los dilemas políticos que enfrenta el Congreso de la República y ayudar a los ciudadanos a entender de manera mesurada, la controversia.  Esperamos que este nuevo proyecto, provoque un debate que supere las expectativas y trascienda hacia un ejercicio progresista para defender los principios de igualdad, equidad, y transformar desde ahí las realidades democráticas de los colombianos. Solo así, podremos mirar al futuro a través de reformas legislativas que nos permitan ser guardianes de las libertades y los derechos que gozamos, en el marco de una democracia auténtica.

 

 
MI HERMANO
 

Renunció el senador Carlos Fernando Galán a la dirección de Cambio Radical. Este hecho es un llamado de alerta a los partidos políticos que creen en su potencial para transformar al país, para que retomen su compromiso con el cambio de viejas prácticas políticas y ejerzan control estricto, sobre las calidades de los candidatos que se presentarán el próximo mes de octubre.

 

Los obstáculos para cumplir con transparencia la labor de entregar avales para los comicios electorales, fueron la principal causa de la renuncia presentada por el senador Galán. En particular, dijo que la falta de análisis y rigor a la hora de expedir el aval de la candidata a la Gobernación de la Guajira, Oneida Pinto, quien ha sido señalada de ser heredera de 'Kiko' Gómez, (actualmente en la cárcel por sus presuntos vínculos con grupos armado ilegales), fue el principal motivo de su decisión.

 

Cambio Radical, así como el Partido Liberal, ha llevado a cabo fuertes peleas internas para depurar su clase política dirigente. Sin embargo, estas son luchas en las que no siempre se gana. En el caso del senador Carlos Fernando, recordemos que justo en el momento de asumir la dirección de esa colectividad en el 2011, revocó 300 avales concedidos por su partido político, con base en investigaciones y cuestionamientos que pesaban sobre los candidatos avalados. Ahora en el 2015, su  partido decidió ignorar los señalamientos que serios periodistas han levantado sobre la candidata Pinto y otorgar el aval sin las formalidades establecidas.

 

Hechos como este, muestran las serias debilidades que tenemos para definir el apoyo a los candidatos a cargos públicos. No podemos convertirnos en mercaderes de avales ni mucho menos, poner en entre dicho los ideales que guían la labor pública, entre ellos, el ejercicio transparente de la política.

 

 

Celebro el campanazo del senador Carlos Fernando. No es con murmullos que se hace un cambio. Creo con firmeza, que nuestro silencio también envilece la política y por eso, invito a la inmensa mayoría de ciudadanos a que busquemos el cambio de viejas prácticas políticas y denunciemos candidatos que quieran hacer parte de ese mercado de avales, contra el que luchamos. Así, con liderazgo,  recuperaremos el prestigio de la actividad política que tan desmoralizado tiene a nuestro país.

 


EL PROYECTO DE LEY MÁS IMPORTANTE


El proyecto más importante que debate el Congreso de la República, terminó esta semana, con serios reparos. Se trata del Plan Nacional de Desarrollo, cuya relevancia radica no solamente en ser la brújula para los próximos 4 años sino también, en ser una norma con una prelación jerárquica sobre las demás leyes; es decir, una legislación que vinculará directamente al legislativo en relación con todas las normas que apruebe durante este periodo.

Precisamente por esa relevancia, abordamos con cuidado y detalle cada uno de sus artículos, aunque el tiempo impuso una fuerte presión en el trabajo. Así, elaboramos diversas proposiciones y en particular, radicamos propuestas dirigidas a la prevención de sustancias psicoactivas solicitando la reglamentación de la ley 1566 de 2012. Presentamos también un artículo que permitía la financiación de proyectos de construcción a cargo de ingenieros militares, a través del apoyo del sector solidario en el marco del pos conflicto. Igualmente, en el eje fundamental de la paz, se hicieron recomendaciones para fortalecer el papel de las mesas de participación de las víctimas del conflicto armado. Propusimos garantizar medidas de reparación para pueblos indígenas y afrocolombianos a través de la entrega de bienes muebles e inmuebles directamente a los sujetos colectivos. En cuanto a las víctimas en el exterior, defendimos el principio de la atención de sus necesidades, a través del diseño de una ruta específica que garantice atención y reparación, así como asistencia en retorno y re ubicación.

Pese a la extensión y complejidad del proyecto, los parlamentarios no tuvimos oportunidad de debatir, abordar los serios cuestionamientos que teníamos frente al articulado, ni sustentar las proposiciones elaboradas por límites de tiempo. El debate del Plan Nacional de Desarrollo, como se dijo antes, no es un debate de poca monta. Reconocemos el avance de presentar esta vez un Plan de Desarrollo medible y cuantificable a través de indicadores y metas. En el pasado estos proyectos no pasaban de ser enunciados de buenas intenciones. Precisamente por eso, los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, no deben ser víctimas del afán y la premura sino por el contrario, deben surgir de amplios debates y de acuerdos sociales e incluyentes

 


EL PROYECTO DE LEY MÁS IMPORTANTE
 
El proyecto más importante que debate el Congreso de la República, terminó esta semana, con serios reparos. Se trata del Plan Nacional de Desarrollo, cuya relevancia radica no solamente en ser la brújula para los próximos 4 años sino también, en ser una norma con una prelación jerárquica sobre las demás leyes; es decir, una legislación que vinculará directamente al legislativo en relación con todas las normas que apruebe durante este periodo.
Precisamente por esa relevancia, abordamos con cuidado y detalle cada uno de sus artículos, aunque el tiempo impuso una fuerte presión en el trabajo. Así, elaboramos diversas proposiciones y en particular, radicamos propuestas dirigidas a la prevención de sustancias psicoactivas solicitando la reglamentación de la ley 1566 de 2012. Presentamos también un artículo que permitía la  financiación de proyectos de construcción a cargo de ingenieros militares, a través del apoyo del sector solidario en el marco del pos conflicto.  Igualmente, en el eje fundamental de la paz,  se hicieron recomendaciones para  fortalecer el papel de las mesas de participación de las víctimas del conflicto armado. Propusimos garantizar medidas de reparación para pueblos indígenas y afrocolombianos a través de la entrega de bienes muebles e inmuebles directamente a los sujetos colectivos. En cuanto a las víctimas en el exterior, defendimos el principio de la atención de sus necesidades, a través del diseño de una ruta específica que garantice atención y reparación, así como asistencia en retorno y re ubicación.
Pese a la extensión y complejidad del proyecto, los parlamentarios no tuvimos oportunidad de debatir, abordar los serios cuestionamientos que teníamos frente al  articulado, ni sustentar las proposiciones elaboradas por límites de tiempo. El debate del Plan Nacional de Desarrollo, como se dijo antes, no es un debate de poca monta. Reconocemos el avance de presentar esta vez un Plan de Desarrollo medible y cuantificable a través de indicadores y metas. En el pasado estos proyectos no pasaban de ser enunciados de buenas intenciones. Precisamente por eso, los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, no deben ser víctimas del afán y la premura sino por el contrario, deben surgir  de amplios debates y de acuerdos sociales e incluyentes

 

 

HUMANIZAR LA AVIACIÓN
 

El avión, es una maravilla moderna, no puede convertirse en un arma letal. En lo que va corrido del presente año, han muerto más de 200 personas  a causa de diferentes accidentes aéreos, entre los cuales el caso del Airbus A320 de Germanwings se convierte en el de mayor cantidad de víctimas fatales, con 148. Este es un tema que merece asumirse con prioridad. De hecho, un análisis publicado en  la Red de Seguridad Aérea y realizado por la Agencia consultivo-analítica "Flight Safety", encontró que desde enero de 1997 a junio de 2012 hubo 496 desastres reportados por accidentes o incidentes aéreos, que causaron la muerte de 12.799 personas. El estudio, afirma que las dos categorías más comunes relacionadas con la causa de estos desastres son errores humanos y fallas en los equipos.

 

Estos errores humanos, indican que es el momento de legislar para salvaguardar la seguridad aérea en Colombia y generar una política pública desde el Gobierno hacia el sector aeronáutico. Por todo esto,  el pasado 15 de abril radicamos un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de trabajo de los pilotos y auxiliares de vuelo, que contó con el apoyo del Gobierno Nacional y el respaldo como coautores, de representantes de varios partidos políticos en el Congreso de la República.

 

Reconocemos que en Colombia, las tripulaciones aéreas están sometidas a niveles de fatiga inaceptables, producto de jornadas que desde todo punto de vista exceden los límites de lo establecido en el Código del Trabajo. Fatiga, tensión y alteración fisiológica del organismo, son condiciones que pueden estar padeciendo nuestras tripulaciones, generando un gran riesgo no sólo para la seguridad aérea, sino para los casi 30 millones de pasajeros que se movilizan por todo el país.

 

Por estas razones, el avión de Germanwings que se estrelló contra los Alpes franceses y en el que se reportó la grave situación de salud en la que se encontraba su Copiloto, no es ajeno a nuestra realidad. Debemos responder ante estos riesgos. Por eso, el nuevo proyecto de ley, asume la responsabilidad de mejorar la situación laboral de pilotos y auxiliares de vuelo, consciente de que la seguridad aérea esta en sus manos y que estos trabajadores, son responsables de la vida de los pasajeros que día a día utilizan el avión como un medio de transporte.

 

NUESTRAS VÍCTIMAS EXILIADAS

 
 

La diáspora de las víctimas colombianas necesita ser escuchada. Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aproximadamente 500.000 víctimas colombianas se encuentran en el exterior, razón por la cual, el Congreso de la República decidió llevar a cabo una sesión a la que fueron citados los más altos representantes del Gobierno Nacional, para escuchar a las víctimas en Europa, Norte y Suramérica.

 

Nos encontramos con el dolor profundo que cargan los exiliados, por haber abandonado su lugar de procedencia, sus familias, sus tradiciones y por vivir entre personas que no son de su mismo origen e incluso no hablan su propia lengua.

 

Hasta la fecha, el debate sobre los colombianos en el exterior había girado en torno a la sub-representación política en que se encontraban en el Congreso de la República y al monto de las remesas con las que contribuyen al país. Así, se hablaba de una población de más de 4,5 millones de habitantes, que se encontraba principalmente en Estados Unidos y en España, y que realizaba aportes a la economía, a través de remesas que oscilaban entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales.

 

La pasada sesión en el Senado de la República, reveló que ellos no están buscando únicamente una curul. Los exiliados colombianos han decidido organizarse, para mostrar una necesidad urgente, la de hablar y ser escuchados. Todos ellos cargan con el peso de sufrir en silencio los horrores, desprecios y abusos que provocaron su salida del país y de no tener espacios serios de diálogo en donde puedan contar sus historias. Se trata de un duelo social, dijeron durante la sesión del pasado miércoles, que se debe asumir a través de la recuperación de la palabra y la construcción de una memoria colectiva.

 

Por eso, una de las banderas de este proceso de paz, debe ser romper con el silencio que queda después de la guerra y en ese marco, las víctimas de Suecia, Madrid, Barcelona, Nueva York, Miami, Montreal, Ciudad de Panamá, Quito, Costa Rica y Santiago de Chile, nos dejaron claro que dejarlos en el olvido es también una forma de violencia y que el Congreso de la República debe iniciar un camino en donde a través de la ley, se les ofrezca también una voz.

 

 

 CRIMEA: REGRESA LA GUERRA FRÍA?

 

La península de Crimea, concentra la atención mundial durante los últimos días, al convertirse en  el centro de los recientes enfrentamientos entre dos grandes potencias: Estados Unidos y Rusia. En pocas palabras, este territorio, ha logrado poner en el debate internacional la pregunta sobre si estaremos de nuevo, ante un escenario como el que llevo en 1945, a la Guerra Fría.

 

Si analizáramos estos hechos en los comienzos del Siglo XX, concluiríamos que se trata de una clásica disputa ideológica entre la zona oriental y occidental del mapa y con más precisión, hablaríamos de un conflicto entre un modelo económico capitalista versus un sistema de enfoque socialista. Sin embargo, la idea de que las grandes diferencias con la Unión Soviética se reducían a conflictos ideológicos, fue superada por el teórico Samuel Huntington quien durante los 90’s afirmo que el nuevo orden mundial post-Guerra Fría, estaría marcado por el choque de las civilizaciones o los enfrentamientos culturales, más que por disputas ideológicas.

 

Esta tesis parece armonizar con los discursos del presidente Ruso Vladimir Putin, quien ha afirmado que la península de Crimea comparte lazos históricos, culturales, lingüísticos y afectivos con su país y que por lo tanto, existe un conflicto y se justifica su solución a través de la  adhesión de este territorio a las fronteras rusas. Aunque los argumentos de Putin, parecieran tener visos de legitimidad a la luz de la teoría de Huntington, es necesario ir más allá para analizar una conducta que resulta claramente violatoria del principio de soberanía e integridad territorial de Ucrania y que le plantea dilemas al derecho internacional.

 

Lo primero que debemos decir es que el fenómeno de choque de civilizaciones o de divergencia cultural, no es un asunto exclusivo de la península de Crimea: Pensemos tan solo en el continente Africano, el caso de Israel…Colombia, pues es innegable que aquí conviven pueblos indígenas, afrocolombianos, blancos y mestizos, gitanos e inmigrantes.  Este fenómeno aunque constituye un potencial conflicto cultural, no justifica la  amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad de un país o la independencia política de cualquier Estado.

 

Por el contrario, la innegable diversidad cultural en la que nos encontramos a lo largo de la geografía mundial en el siglo XXI,  debe convertirse en un llamado a la coexistencia y no, en una razón para modificar constantemente nuestro mapa geopolítico a costa de gravísimas violaciones a las fronteras de un país. El llamado es a asumir el reto de incorporar las diferencias culturales en una sociedad protegiendo sus identidades específicas, más allá de utilizar la fuerza para acabar con ellas.


Llega, soporte para el senador Juan Manuel Galan  desde el Congreso de los Estados Unidos, del congresista amigo de los colombianos  Joe Garcia, la nota con un CLIK AQUI

 

                            

 

 

                 

 
LA PRACTICA DE LA DEMOCRACIA
La práctica de la democracia, dista mucho de su concepto. En la práctica, se trata de un proceso que garantice la participación para todos y en donde los consensos son difíciles de lograr. Un buen ejemplo de esto, fue el reciente debate que se llevó a cabo en las comisiones primeras del Congreso de la Republica sobre el referendo para la paz. Este, no fue un proceso fácil ni rápido; por el contrario, lograr el consenso entre los parlamentarios, tomo tiempo y muchas horas para reescribir el proyecto original.
Efectivamente,  el proceso de concertación del referendo para la paz, que algunos habían pronosticado que tomaría un par de horas, estuvo expuesto a un sinnúmero de acontecimientos: Durante la primera sesión, se recusó a la mayoría de los parlamentarios por un supuesto conflicto de intereses que resulto infundado y sin ninguna base jurídica; luego, en la segunda sesión, durante más de 10 horas fueron oídos los partidos políticos a través de sus voceros y todos aquellos que quisieron expresar su posición. Durante la tercera sesión, el día de la votación, varias horas enmarcaron la crítica de la oposición, hasta lograr la decisión final.
Todos los que se oponían al referendo, tuvieron la oportunidad de participar, conocer la información oficial del proyecto, acceder a medios de comunicación para hacer públicos sus cuestionamientos y ejercer la réplica cuantas veces lo encontraron necesario. El resultado de esto, fue un proyecto de ley que autorizo llevar a cabo el referendo con otras elecciones e incluyo la obligatoriedad de que el acuerdo final, firmado en La Habana, sea publicado y difundido con anterioridad; que el Estado financie todas las campañas sobre el referendo,  y que quienes están a favor y en contra del mismo, cuenten con garantías de libre acceso a los medios de comunicación.
Una visión liberal de la democracia, no es la que se siente satisfecha con la imposición de las mayorías sino la que  busca asegurar un proceso en donde todas las voces sean escuchadas y se otorguen plenas garantías de libertad e igualdad. Así, no es en el resultado de la votación, sino en el proceso de construcción de decisiones, donde está la democracia. 

 

DONACION DE ORGANOS: ACTO HUMANITARIO  Juan Manuel  Galan 

 

La donación de órganos más allá de ser un acto de generosidad, se convierte en la posibilidad que tiene quien escribe esta columna y quienes la leen, de dar vida. Pienso en aquellos pacientes que no cuentan con otra alternativa para mantener su salud, que la de la voluntad de las personas para donar sus órganos. Este proceso, que busca reemplazar un órgano enfermo por uno sano, puede ser realizado en Colombia por cualquier persona viva o muerta. En el caso de quienes fallecen por muerte encefálica, encontramos que de un solo donante, pueden recibir ayuda hasta 84 personas, siempre que se obtenga el consentimiento de la familia.

 

Actualmente, la necesidad de los pacientes de trasplante de órganos es altísima. Sin embargo, debido a la desinformación, poco se ha podido hacer por ellos. Mientras usted lee esta columna, hay más de 1.220 personas esperando un trasplante de riñón, más de 72 personas requiriendo un nuevo hígado y más de 24 personas necesitando un corazón. Pese a esta larga fila de espera, existen en el imaginario social mitos que impiden una respuesta más ágil. Por ejemplo, algunas personas aún creen que en Colombia los  trasplantes se realizan principalmente para los extranjeros. Esta idea resulta equivocada frente a los números obtenidos: en el 2012, de los  1.111 procedimientos de trasplante que se realizaron, solo 3 fueron sobre pacientes extranjeros. Sumado a lo anterior, recientemente la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que confirmó que el servicio de trasplante de órganos a extranjeros, se puede realizar únicamente cuando no existan receptores nacionales en lista de espera.

 

Sumado a eso, encontramos el mito más problemático en esta materia, el del robo o contrabando de órganos. Periódicamente se lanzan cadenas por internet que afirman cosas como que una mujer fue encontrada en un hotel dentro de tinas de hielo porque le robaron un riñón o sus ojos. Nada de esto es cierto; el Instituto de Medicina Legal ya se ha pronunciado,  diciendo que a la fecha, no se ha demostrado la ocurrencia de un solo caso de robo de órganos en Colombia. Reaccionemos, la desinformación no puede hacernos indolentes frente a esta grave problemática. 

 

 

 

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REFERENDO POR LA PAZ
 
 

En el 2012, el Gobierno Nacional confirmó los diálogos con la guerrilla de las FARC en Cuba. Hoy, un año después, nuestro papel de ciudadanos es protagónico en este proceso de negociación. El proyecto del referendo por la paz que cursa actualmente en el Congreso, contribuye a fortalecer este papel y a materializar la sostenibilidad de los acuerdos logrados.

 

Sobre el referendo por la paz hemos oído mucha desinformación; permítanme hacer algunas claridades: Por ejemplo, se ha dicho que es inconstitucional permitir que el referendo se lleve a cabo el mismo día de las elecciones parlamentarias o presidenciales. Tal prohibición NO existe en nuestra Constitución de 1991; en cambio, el legislador en la Ley 34 de 1994 la consagró, por lo que se propone que esta norma sea modificada a través de una ley estatutaria. También se ha dicho que el actual proyecto será la oportunidad perfecta para que las FARC lleven a cabo una campaña armada en favor del referendo que constreñiría a los ciudadanos a través de la fuerza, para dar el SI. No lo vamos a negar, es un riesgo real. Precisamente por eso,  la ponencia del proyecto de ley busca dar claridad en que, de llevarse a cabo la votación, será indispensable la dejación de las armas y las hostilidades por parte de la guerrilla de las FARC, y además, contempla un nuevo artículo que reitera la prohibición de ley, de hacer uso del proselitismo armado.

 

Finalmente,  se ha dicho que el referendo por la paz niega el voto libre del ciudadano y que la propuesta tal como está planteada, hará que los colombianos se sientan constreñidos a votar a favor de un candidato y del referendo. Nada más alejado de la verdad. Es importante dar claridad sobre que este proyecto, apunta a garantizar el ejercicio político libre y sin presión armada, por lo que los electores podrán contar con cubículos separados, la expedición de una tarjeta electoral que será independiente de los tarjetones sobre el referendo y la libertad de señalarles a los jurados de votación que no desean recibir el tarjetón correspondiente al referendo. Así, buscamos garantizar que como lo ha dicho la ponencia, el su fragante pueda tomar una decisión de manera libre en relación con si vota o no el referendo, y a su vez si lo vota de forma positiva o negativa. 

 

 

 

                

 

 

 

LLEGA CARTA DEL SENADOR JAUN MANUEL GALAN AL NOTILOCO DE BOTERO 

Buenas tardes: el Senador Juan Manuel Galán me remitió un correo que recibió de parte de ustedes. Como soy la jefe de prensa, me interesa mucho establecer contacto.

El Senador Galán escribe una columna semanal que nos gustaría que se pudiera publicar y en adelante les estaré enviando los comunicados de prensa que generamos sobre su gestión parlamentaria.
Muchas gracias!
 
RESPUESTA INMEDIATA 
 
Me gusta mucho contar con la colaboración del Senador, confírmame que día me llegaría la columna a Miami para yo programar un día fijo para enviarla a la base de datos en la USA 50.000, en España 17 en Colombia un millón, lo conocí en Miami y me hablaron muy bien de su visita y lo mas importante que llego a Miami a  untarse de pueblo y ver perder al Millonarios